29/3 Protesta contra “persecución a dirigentes sociales, campesinos y políticos” frente al Palacio de Justicia.

“Nuestro compañero César González Parini, funcionario público del Instituto de Tierras (INDERT), junto a varios dirigentes de organizaciones campesinas, entre los cuales se encuentra nuestra compañera Ester Leiva, desde el año 2014 se enfrentan a un proceso judicial por supuesta lesión de confianza y estafa al INDERT, donde todo el proceder fiscal ha demostrado que la finalidad no fue el esclarecimiento de los hechos denunciados, sino la persecución a dirigentes sociales, campesinos y políticos”, indicaron los organizadores de una protesta contra este procesamiento que consideran indebido.

Será el 29/3 a partir de las 8 frente al Palacio de Justicia y contará con la presencia de organizaciones sociales y políticas solidarias con la causa.

“Hasta la fecha las acusaciones no han sido demostradas, y los responsables directos de la autorizaciones de desembolsos y transferencias no han sido involucrados en la investigación ni siquiera denunciados. Sobran las pruebas para entender que este juicio se enmarca en la persecución y judicialización a dirigentes sociales y políticos progresistas y críticos al partido colorado, práctica sostenida por el Ministerio Público”, agregaron en el texto de convocatoria.

En un relatorio explicaron algunas de las irregularidades de estos largos años de proceso:

  • «El juicio es por lesión de confianza (y desde la semana pasada – estafa), vinculada a convenios con transferencias de fondos realizadas desde el INDERT a organizaciones campesinas y fundaciones en el 2011. César González es acusado por sus responsabilidades como Director General del Fondo de Inversiones para el Desarrollo Sostenible (FIDES), función en la que coordinaba y monitoreaba proyectos productivos para colonias del INDERT, sin ser ordenador de gastos. La acusación se realiza en el marco de la ejecución de proyectos con organizaciones campesinas y fundaciones, donde se trabajó en proyectos de seguridad alimentaria que consistían en la adquisición de insumos, herramientas, y el desarrollo de mini-industrias en algunos casos.
  • Todo el proceso vinculado a controles financieros y administrativos (rendiciones de cuentas, desembolsos y otras documentaciones) era responsabilidad de la Gerencia de Administración y Finanzas del INDERT, que trabajaba directamente con las organizaciones. ¿Por qué el Gerente de Administración y Finanzas Lic. Silvestre Aquino no fue imputado en su momento? César González nunca administró recursos financieros, no le correspondía la función de ordenador de gastos institucional, no tenía estas prerrogativas y no estaba autorizada su firma para transferencias. Se lo acusa por haber emitido memos, específicamente 2 a 3 memos, sobre dichos convenios de Seguridad Alimentaria. A quienes tenían a su cargo las resoluciones de desembolsos, la confección de cheques y quienes realizaban los monitoreos de rendición de cuentas, la Fiscalía nunca los involucró en la causa judicial.
  • El Fiscal actual a cargo del caso es Leonardi Guerrero, de la unidad de Delitos Económicos, pero la causa fue armada entre el 2014 al 2018 por Nadine Portillo, quien luego fue trasladada, por sus involucramientos en el caso de los audios de Oscar González Daher.
  • En septiembre y octubre 2011, se dieron los primeros convenios de Seguridad Alimentaria, con las organizaciones campesinas: MCNOC, ANAPA, OCRC, CONAMURI, MAP, Fundación Guaraní y otras. Se realizaron distribución herramientas, maquinarias, semillas. El monto asignado era de 4.000 millones. César González por su cargo, coordinaba y realizaba un seguimiento conformando 5 (cinco) grupos de verificadores institucionales que realizaban informes dirigidos a la Presidencia del INDERT, no tenía responsabilidad administrativa en las transferencias y desembolsos de recursos institucionales, responsabilidad exclusiva del Presidente en aquel entonces Ing. Agr. Marciano Barreto (+), quien suscribía los convenios y firmaba las resoluciones de transferencias y desembolsos, a través de la Gerencia de Administración y Finanzas que era la encargada de la confección de cheques y transferencias.
  • 2012. Una semana después del Golpe de Estado al gobierno de Fernando Lugo, el compañero César González deja la Dirección General del FIDES una vez asumida la nueva presidencia del INDERT. En los medios de prensa comienza una campaña instalando la información que “se asignaron irregularmente muchos recursos a las organizaciones campesinas”, principalmente desde ABC y Ultima Hora. Así empiezan los ataques mediáticos, sin denuncias ni causas judiciales abiertas.
  • 2012. Continuidad de convenios: La Gerencia de Administración y Finanzas realiza varias observaciones a las rendiciones de cuentas de las organizaciones campesinas desde junio de 2012, lo que genera rectificaciones y modificaciones en las rendiciones a través de aclaratorias realizadas durante el año 2012. Luego de los ataques mediáticos con nota “refrita” y continua, las organizaciones campesinas se acercaron al nuevo presidente del INDERT, Abog. Luis Ortigoza, a presentar las documentaciones y completar las rendiciones. En octubre de 2012, son aprobados nuevas reglamentaciones y manuales para rendiciones de cuenta, que irregularmente la fiscalía utilizaría para evaluar las rendiciones de cuentas de proyectos anteriores correspondientes al año 2011.
  • 2014: Justo Cárdenas, presidente del INDERT (quien fue condenado en el 2021 por enriquecimiento ilícito), pide auditoria sobre los fondos transferidos en el 2011, 2012, 2013. La auditoría duró 60 días, basándose en las primeras documentaciones de rendiciones de cuenta y sin las sucesivas rectificaciones posteriores presentadas por las organizaciones campesinas beneficiadas.
  • Después de 3 años de ejecución de los proyectos, la auditoria institucional realizó trabajos de gabinete y con verificaciones aleatorias en las comunidades beneficiadas. El entonces Presidente Justo Cárdenas presenta a la Fiscalía la carpeta de auditoria sobre transferencias de los 3 años citados. La Fiscalía abre carpeta iniciando la investigación en 2014, sobre transferencias del 2011.
  • Desde el 2015 hasta el 2017, desde la fiscalía hacen “verificaciones de campo”, (cinco años despúes de las firmas de los convenios) con funcionarios del INDERT. La Fiscalía de Delitos Económicos envía a ayudantes fiscales y funcionarios administrativos de la fiscalía para labrar “declaraciones testificales” a pobladores supuestamente beneficiarios de los convenios, todas las actas fueron redactadas sin presencia de agentes fiscales designados para investigar la causa denunciada. Las declaraciones vinieron de pobladores, varios no beneficiarios de los proyectos, que no figuraban en las planillas de entrega presentadas por las organizaciones campesinas, durante el juicio se demostraron que sí se entregaron los insumos y herramientas. Se labraron actas testificales sin fiscales presentes, sin abogados presentes, sin testigos. Los testigos no tenían copia de actas que firmaban. Mucha gente dijeron que sí recibieron semillas o herramientas, pero no se acordaban el año ni de dónde provinieron esos insumos. En prácticamente todos los testimonios cotejados durante el juicio oral marzo de 2022 hubo contradicciones en los relatos, atendiendo a que ya pasaron 10 años de los eventos investigados.
  • La Fiscalía construye un relato sin las pruebas correspondientes. Ejemplo; un Plan de caja, solicitud de disponibilidad financiera para el Ministerio de Hacienda lo hacen valer como solicitud de desembolsos para las organizaciones y fundaciones.
  • La Fiscalía sostiene que se hicieron transferencias sin acuerdo de la Junta Asesora del INDERT. Sin embargo, la documentación que la Junta debía proporcionar nunca fue presentada. La responsabilidad con la Junta Asesora era exclusividad del Presidente del INDERT, que por Ley es el encargado de convocar a la Junta Asesora para avalar las inversiones institucionales.
  • Octubre 2016: imputan a más de 30 funcionarios, y líderes de las organizaciones campesinas tales como CONAMURI, MAP, OCRC y otras, por Lesión de confianza, en carácter de Autor y coautores. A César González lo vinculan como ordenador de gastos.https://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/imputan-por-el-desvio-de-g-4000-millones-de-indert-1526746.html

    César González Parini

  • Julio – agosto 2017: Inician las audiencias preliminares, el Juez Penal de Garantías Rubén Riquelme decide llevar la causa a juicio oral. Entonces 10 funcionarios son sobreseídos, al igual que representantes de organizaciones campesinas como el MAP, OCRC y CONAMURI. Avanzan los casos de 4 funcionarios, 4 dirigentes campesinos y 2 representantes de Fundaciones.  El Juez Penal de Garantías hace caso omiso a las argumentaciones que planteaban la nulidad de la causa de Lesión de Confianza, porque el supuesto autor César González Parini nunca fue ordenador de gastos del INDERT, manifiesta que esa definición jurídica debería resolverse en el juicio oral, trasladando responsabilidades en el tribunal penal. Se hace caso omiso de las pruebas y declaraciones obtenidas.
  • En todos los demás casos de investigaciones de lesión de confianza, de malversación etc. fueron imputados ministros y gerentes financieros (casos MAG, SEN, CONAVI). Ningún administrador, ni ministro fue imputado en el caso INDERT, solo dirigentes sociales de organizaciones campesinas, y funcionarios de rango intermedio. https://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/dirigentes-campesinos-buscan-esquivar-juicio-1618317.html
  • Del 2017 al 2021 la causa penal pasó por varios juzgados que posiblemente vieron la fragilidad de las investigaciones y la nulidad evidente de la causa penal. Quedaron 10 imputados de las 36 personas imputadas inicialmente.
  • Faltando 2 meses para la prescripción de la causa, la jueza Lourdes Peña, presidente del tribunal, comienza a acelerar el proceso que para todos los imputados a marzo de 2022 ya prescribieron.
  • El juicio inició el 30 de noviembre y tras varias acciones judiciales como recusaciones se suspende y reinicia a finales de febrero, desarrollándose durante todo el mes de marzo de 2022, estando actualmente en la etapa de alegatos finales de las respectivas defensas.
  • Hace una semana se cambia la carátula, sumando a la acusación inicial, la estafa, sin ninguna verificación ni investigación, a una semana del final del juicio oral. Esta ampliación de caratula, sin investigación, ni pruebas, la consideramos un elemento más de la persecución judicial.
  • El martes 29 de marzo el tribunal va a deliberar y decidir. La fiscalía solicitó penas de 10 años de cárcel en el caso de Ester Leiva y otros dirigentes campesinos y 12 años para el compañero César González Parini”, concluye señalando el texto.

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