Impunidad, concentración y despidos: principales amenazas contra la libertad de expresión en Paraguay


El pasado 26 de abril, con motivo del Día del Periodista, Dante Leguizamón, hijo de Santiago Leguizamón, daba a conocer una noticia no muy grata: que el emprendimiento iniciado por su padre, Radio Mburucuyá de Pedro Juan Caballero, pasaría a ser una mera repetidora de un holding de medios de Asunción, aunque luego la decisión se revirtió. A esto se sumaba que a casi tres décadas del asesinato de Leguizamón, el hecho sigue en la impunidad y no se vislumbran atisbos de justicia y mucho menos de reparación. 

“Después de 29 años del asesinato y de impunidad, casi 45 años del inicio del sueño de Santiago, hoy nos informaron que Radio Mburucuyá de PJC va a pasar a ser solo una repetidora del holding. Un 26 de abril más triste, los años lejos de encontrar justicia y verdad se van traduciendo en olvido e impunidad. Algunxs siempre recordaremos, trataremos al menos de mantenernos fuertes y nunca vamos a dejar de indignarnos por cada muerte”, escribió Dante en su cuenta de Facebook. 

Abogado especializado en derechos humanos y actual comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), abordamos en esta entrevista el caso de su padre, el proceso judicial y la situación de la libertad de expresión en el Paraguay. Dante nos responde lacónicamente evidenciando lo difícil que aún es hablar sobre el tema, más todavía cuando la cuchilla de la impunidad se empeña en atizar y abrir las heridas.  

–¿En qué estado se quedó y cuál fue el último movimiento en la causa del homicidio de Santiago?

–La causa está “abierta” todavía, pero pendiente de una traducción del expediente hace más de 10 años para ser remitida al Brasil. Que esté abierta es una mera formalidad porque las últimas actuaciones formales de la causa son del 2006. 

–Hace poco anunciabas en el Día del Periodista una noticia no muy grata sobre el futuro de radio Mburucuyá. ¿Qué pasará con la estación?

–La información inicial era que la radio se iba a cerrar y que iba a pasar a ser una repetidora del Holding de Radio, supongo que de Radio Ñandutí. 

Todos los periodistas iban a ser despedidos y todos los programas cancelados. Días después nos enteremos que se rectificó esta situación y continúan con la programación local. 

–¿La radio era propiedad de Santiago? ¿Qué pasó luego de su asesinato?

–Sí, la radio era propiedad de Santiago. Posterior a su asesinato, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) licitó la frecuencia y la licencia de la radio y mi madre tuvo que presentar de vuelta toda la documentación para que le otorguen la licencia. Una vez obtenida la licencia, la radio se le vendió a Humberto Rubin para pasar al Holding de Radio. 

–¿Qué recordás de aquellos tiempos? ¿Qué fue lo primero que hizo tu familia luego del crimen de tu padre?

–Recuerdo que íbamos todas las vacaciones a PJC a pasarlas con mi padre en la radio. Inclusive en las últimas oportunidades poníamos música y hablábamos en la radio en los programas de la noche. 

Posterior a la muerte fuimos a PJC para verificar la situación de la radio y traer las cosas personales de Santiago. Constatamos que faltaban varias cosas y nos informaron que una comitiva militar había estado unos días antes en la radio. 

–¿Cómo fue crecer en ese ambiente y sin tu padre?

–Por supuesto fue bastante complicado crecer sin mi padre, pero realmente crecimos relativamente lejos de lo ocurrido, por seguridad y por temor sobre todo de mi madre estuvimos, sus hijos, muy lejos de los temas relacionados al asesinato, la investigación, entre otras cosas. 

–¿Cómo ves la situación general de la libertad de expresión en el Paraguay?

–Como lo venimos analizando con varios periodistas que forman parte del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), entre otros, la situación es sumamente compleja por la gran acumulación existente de medios en manos de unos pocos. Esto genera mucho menos diversidad, cobertura y posibilidad de escuchar todas las voces o análisis más críticos de la realidad. 

Además, a esto hay que sumarle la gran cantidad de despidos que se han producido últimamente en los medios empresariales. La situación de las radios comunitarias también es una realidad preocupante. La nueva normativa logró lo que buscaba, casi acabar con las mismas. 

Por otro lado, la violencia contra periodistas llegó a su nivel más alto en el inicio del gobierno de Horacio Cartes. En los primeros años fueron asesinados la mayor cantidad de periodistas en promedio. De los y las 19 periodistas asesinados, solo en la causa de Pablo Medina se condenó al autor material de los hechos. Los demás asesinatos todos continúan impunes. 

–¿Qué debería hacer el Estado para garantizar mayor acceso y democratización en el ámbito del acceso a la información y el derecho a comunicar?

–Primero se debe romper con la gran acumulación existente de medios en pocas manos. Una legislación que asegure que todas las voces puedan acceder a tener un espacio para comunicar o expresarse. Lo primero que se podría discutir o cuestionar es la Ley de Telecomunicaciones porque favorece al empresariado y al monopolio. Las radios comunitarias cumplirían un rol muy importante en este sentido.

Tampoco se puede dejar de lado la importancia que tendría el internet y las nuevas formas de comunicación, y las posibilidades reales de acceso a estas fuentes de información y a la posibilidad de generar y recibir información.

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