“El Parlamento representa al 2,3% que es dueño de la tierra”

La Coordinadora de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri) cumplió 12 años.

Conamuri

“En el Parlamento la mayoría representa los intereses de ese 2,3% de la población que es dueño de la tierra, con partidos tradicionales que defienden la estructura de despojo e injusticia que nos sustenta como país», consideró la Coordinadora de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri) en un documento que emitieron por los 12 años de su organización.

En el mismo agregaron que “se legislan bajo su techo leyes que nos afectan en todo sentido. Si el movimiento social presenta un proyecto de normativa para regular el uso de los agrotóxicos, lo rechaza de plano; si se trata de un proyecto de normativa de banca pública para obtener créditos para los pequeños productores y productoras, lo mismo. En cambio, las leyes aprobadas favorecen a los ganaderos, los sojeros, los propietarios de fábricas, los que no pagan impuestos y los que ultrajan nuestros recursos naturales para obtener lucro”, indicaron.

Durante el congreso del pasado fin de semana las delegadas de Conamuri consideraron que la postura del gobierno “es inestable, se mueve según los escenarios y con ello se acentúa la atmósfera de incertidumbre en nuestro país. Si algo finalmente cambia es para perjudicar al sector popular y mayoritario, teniendo como únicos acreedores a los grandes terratenientes y a los empresarios del agronegocio. Nada hay que mejore la situación económica y social para la clase trabajadora”, apuntaron.

Marcha de Conamuri.

Anticiparon entonces que participarán de la movilización del 25 de octubre “con el objetivo de recuperar las 8 millones de hectáreas de tierras mal habidas, porque consideramos que el problema principal que enfrenta nuestro país es el de los latifundios, responsable de la injusticia social y de la mala distribución de la riqueza en nuestro Paraguay”.

Un párrafo especial dedicaron a analizar la situación del Poder Judicial del que dijeron “a través de la Fiscalía, discrimina la lucha social y atropella las comunidades con total arbitrariedad e impunidad, como si todo cooperara para hacer de este un estado dictatorial en la práctica”.

Reclaman uso de compensaciones en el pueblo

Reclamaron a su vez el uso del dinero por las compensaciones que pagará Brasil a nuestro país “para paliar, en caso de una justa distribución, los problemas de las comunidades indígenas, abrir fuentes de empleo, caminos rurales, mejorar la salud de la población, estimular la formación, eliminar el analfabetismo y un listado de necesidades más”.

Criticaron entonces los planes de quienes pretenden usar los recusos para “la habilitación de carreteras para el traslado de la soja, para lo cual tendrán que desaparecer los poblados indígenas y campesinos que estorben; y la construcción de viviendas para esas familias campesinas y pueblos originarios que se verán expulsados de sus territorios”.

Conamuri durante el Foro Social de las Américas realizado en Paraguay.

Las mujeres alentaron la recuperación de tierras y recordaron que según el informe del Instituto de Tierras (Indert), “no serían solo 257 mil las hectáreas mal adjudicadas del colono brasileño Favero en nuestro país, sino que llegaría incluso a duplicarse, con lo cual se estaría dando solución al problema de los sin tierra en Paraguay”.

Al analizar la cuestión del estado de sitio en los departamentos del norte consideraron que “no es el EPP el verdadero motivo que justifica el estado de excepción, sino las organizaciones que están haciendo frente a los agronegocios y el modelo de agricultura mecanizada. Está en plan la extensión del capitalismo en nuestro país, queriendo abarcar también la región del Chaco, que es fértil zona agrícola y ganadera”.

No faltaron las críticas para el Instituto del Indígena (Indi) del que señalaron “es una institución creada supuestamente para defender los intereses indígenas, pero no se le asigna el presupuesto necesario para dar respuesta a las necesidades de los pueblos originarios. Nos acostumbran al asistencialismo y no vemos verdadero desarrollo comunitario ni contamos con participación real en los espacios de decisión del Estado”.

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